Administrad la justicia con ecuanimidad y rectitud y, si es necesario, con rigor y ejemplaridad. Pero cuando la naturaleza de las gentes y las cosas lo permitan, sed también misericordioso y benigno. Felipe II de España «el Prudente»

Para hablar de la Justicia debemos dar su concepto claro, conciso y breve. Viene de un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Esos  principios en nuestra Carta Magna que consagra en su parte dogmática, interfieren y perturban todos los dispositivos legales que conforman el ordenamiento jurídico vigente de Venezuela; en efecto, uno de los principios que más conmoción causa en su acontecer judicial, es el de la gratuidad de la justicia. Que al llevarlo a la realidad eso es absolutamente incierto y no se practica. La justicia está en emergencia, es violada a cada rato por algunos de sus hacedores de la justicia  como los jueces y las críticas hacia ellos se ven afuera de los pasillos de los tribunales que operan en el país, diciendo en forma jocosa e humillante a espalda de esos jueces que lo único que  falta es ponerle al estrado o la sala de esos tribunales un punto de venta para que tomen alguna decisión que beneficie al reo, o peor más esos comentarios que dicen en el estado Yaracuy solo se deciden  al estilo de un guiso judicial.

Haciendo un análisis de la justicia en Venezuela. Observo que se dio a conocer por las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp) concerniente a un informe sobre el poder judicial en el estado Yaracuy (https://bit.ly/2NcBN8A). Sobre la situación estructural del sistema de justicia con énfasis en la jurisdicción civil: ausencia de jueces idóneos, probos e independientes para el avance del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en el estado Yaracuy.

Los creadores de este informe dicen verdades con una frase de un autor Anónimo  “El Juez es el centinela de nuestros derechos. Cuando todo se ha perdido, cuando nuestros derechos han sido conculcados, siempre queda la Justicia implantada por el Juez. Pero el día en que ese Juez cuide su puesto, sea pusilánime, no tenga autonomía ni probidad, dependa de órdenes “superiores” e influencias de cualquier tipo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo” Lo dicen con un criterio de conocimiento del derecho, hablan con mucha veracidad diciendo que el Poder Judicial de Yaracuy  que lo integran unos 48 jueces que  casi en su totalidad son provisorios es decir de libre remoción,   no se garantiza la independencia judicial. Sin embargo, estas garantías no son aplicadas en la práctica, toda vez que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las leyes posteriores, han creado ambigüedad en la aplicación de normas concernientes al Sistema Judicial, lo que ha contribuido en la generación de cierta incertidumbre legal.

Según algunos dicen por allá en San Felipe El Fuerte, muchos procedimientos formales que deberían salvaguardar la independencia de jueces no se aplican en la práctica, pues la mayoría de dichos funcionarios han sido nombrados de manera provisional o temporal. Las prácticas actuales de varios operadores de justicia en esta entidad, demuestran el progresivo deterioro de la independencia de las instituciones del Sistema Judicial en Venezuela.

¡La independencia judicial en Yaracuy es inexistente! La estabilidad de los jueces no es garantizada, ya que una amplísima mayoría de jueces cuenta con nombramientos temporales y sin ningún tipo de estabilidad. De igual manera, las autoridades disciplinarias del Poder Judicial no aplican las normas y principios contenidos en el Código de Ética Judicial vigente, y en los estándares internacionales en la materia, sino la libre conveniencia política que requiere cada vez más de jueces infectos, sumisos e ignorantes en la ciencia del derecho.

Casos emblemáticos del Poder Judicial en Yaracuy

En general, dan vergüenza ajena y son inenarrables los copiosos casos de falta de idoneidad, probidad y autonomía en la mayoría de los jueces que integran el Poder Judicial en esta región, salvo una o dos honrosas excepciones. Es así como el TSJ se hace la suerte del harakiri japonés o escafismo, pues su Comisión Judicial al tiempo que nombra a “sus” jueces sin revisión curricular alguna, a la postre se ve generalmente obligada a reconocer su crasa escogencia.

Así por ejemplo, respecto a la ausencia de idoneidad, resulta explicativo el criterio de la Sala de Casación Civil, expresado en la sentencia n° 0249, del 15 de junio de 2011, en el expediente n° 10-583, respecto de quien para el momento era el Juez Temporal del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy (Único en su categoría en el estado Yaracuy), abogado EDUARDO JOSÉ CHIRINOS CHAVIEL -quien es hoy en día, Juez Temporal del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial-: “(…). Por último, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, le hace un severo llamado de atención al juez del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, abogado Eduardo José Chirinos Chaviel, para que tenga mayor cuidado en la redacción de las sentencias en los casos sometidos a su conocimiento, dado que la decisión recurrida se encuentra plagada de errores ortográficos y de redacción, así como discordancias gramaticales, inexcusables para un profesional del derecho en el ejercicio de la función jurisdiccional, función ésta que requiere un desempeño impecable, para considerarse acorde a lo previsto en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y al código de ética que la rige. Así se declara. (…).” (Subrayado del original de la sentencia)

De igual forma, ilustra sobre la ausencia de idoneidad, el criterio de la Sala de Casación Civil sostenido en la sentencia N° 012, del 23 de enero de 2020, en el expediente N° 19- 0337, respecto de quien es actualmente la Juez Temporal del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, abogada INÉS MARTÍNEZ REGALADO: “(…). Con fundamento en la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de Casación Civil procede a obviar las denuncias articuladas en el recurso extraordinario de casación, por cuanto el vicio detectado no fue denunciado en casación por la recurrente y hará pronunciamiento expreso para casar el fallo por incurrir en el segundo caso de suposición falsa al dar por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, con lo que infringió los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, y 767 del Código Civil y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por falsa aplicación, siendo que, al detectarse una infracción de ley le es dable a la Sala ejercer la facultad para casar de oficio el fallo recurrido, (…).”

Respecto a la ausencia de autonomía e independencia de los jueces, recuérdese el altisonante del caso de la Jueza del Tribunal N° 1 de Primera Instancia Penal en Funciones de este Circuito Judicial, abogada EDILUH GUÉDEZ OCHOA, quien públicamente renunció al cargo y denunció las presiones de que fue objeto por parte del titular del Ejecutivo Regional y de la entonces Juez Rectora de esta Circunscripción Judicial, para dictar medidas de privación de la libertad a ciudadanos que habían participado en protestas públicas; recibiendo incluso amenazas de muerte en la sede de la Policía del Estado Yaracuy. En dicha oportunidad la mencionada jueza expresó en un medio digital (https://www.accesoalajusticia.org./renuncia-de-jueza-evidencia-presion-del-ejecutivosobre-el-poder-judicial/): “Es imperativo recuperar el estado de derecho y de justicia en nuestro país, por lo que conmino a mis colegas jueces a perder el miedo y a trabajar en función de recuperar la autonomía del juez.” No se queda allí esas informaciones de los jueces se conocen desde ciudades son: San Felipe, Yaritagua, Chivacoa, Nirgua, Cocorote, Corotico, Urachiche y Aroa y se hizo eco de esa carencia de autonomía fue reseñada comunicacionalmente por el columnista Luís Martínez, en el periódico regional “Yaracuy Al Día”, en su edición del viernes 18 de marzo de 2016, escribió: “Alarma en el Poder Judicial: Existe en el Poder Judicial de Yaracuy una alta funcionaria que notablemente se extralimita en sus funciones y hasta invade la independencia de los jueces con absoluto desenfreno. Tengo información precisa de su última abusiva actuación con la cual violentó todo principio de ética y autonomía al ordenar -sin éxito- vía telefónica inclinar la balanza hacia un particular. La funcionaria en cuestión ha sido formalmente denunciada ante las instancias correspondientes. Si mi fuente lo considera conveniente, relataremos con lujo de detalles el caso que delata el extremismo y la arbitrariedad, por ende, la indefensión que puede generar esto. Parece que los yaracuyanos estamos destinados a padecer el estigma de la injusticia. Atención con esto.”

Según podemos notar que el propósito de este informe, desprovisto de rigor científico, es comunicar sobre la harta conocida situación del Poder Judicial en la entidad federal yaracuyana, la cual lógicamente no escapa de la situación general de esa rama del Poder Público en el resto del país. Para ello, es menester dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Constitución, sin cortapisas ni obstáculos. Para su  realización, es recomendable que en una etapa transicional sean cesados de inmediato todos los jueces provisorios y temporales que fueron designados con estricto apego político partidista y que de una u otra forma han sido artífices directos del descalabro del Poder.

Lo que pasa en Yaracuy en la tierra natal de dos grandes hombre de la historia venezolana como: Rafael Caldera y Alberto Ravell, en referente al informe pudiese pasar también en otros estados de Venezuela. Un hecho no aislado sino latente  en los hacedores de justicia…

Cualquier información o sugerencia por robertveraz@hotmail.com