el caso, quizás la ruta electoral podría ensayarse. Pero la realidad venezolana, lamentablemente, es más complicada. Venezuela tiene hoy un Estado fallido que no es capaz de garantizar el suministro eléctrico ni el control del territorio. Ese Estado debe sanarse antes de convocar elecciones. Y esto precisa gestionar al mismo tiempo otras dos dimensiones de la transición: la transición de un Estado frágil a un Estado funcional y, al mismo tiempo, la transición de un Estado mafioso a un Estado institucional.

El cambio no electoral que funcionaría en Venezuela requiere, entre otras condiciones, romper la lealtad del ejército al régimen de Nicolás Maduro. En el estatuto se diseñó una estrategia para lograrlo por una vía que también puede y debe ser pacífica: incentivos negativos (como sanciones y otras medidas de coerción en el ámbito internacional) y positivos (la amnistía, la justicia transicional y la garantía de participación de las fuerzas armadas en el proceso de transición democrática).

El esfuerzo de la oposición y de los ciudadanos, por lo tanto, debe centrarse en promover un cambio no electoral que parta del desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro. Esto es, quebrar el deber de obediencia al régimen, especialmente, por los funcionarios civiles y militares. Además de que puede ser pacífica, esta desobediencia también es legal: los militares pueden rechazar a un presidente apegados a los artículos 333 y 350 de la constitución, como consecuencia de lo que Francisco Rubio Llorente llamó el “derecho de resistencia frente al poder injusto”.

Y si alguien tuviese dudas, basta ver la arremetida del régimen de Maduro en estos días: ha terminado con la clausura de facto de la sede de la Asamblea Nacional por efectivos militares y abrió procesos contra diputados de la oposición. La propuesta de celebrar elecciones libres en estas condiciones no es una alternativa.