Si la conducta de sus captores significó un acto arbitrario, la acción de la fiscalía rayó en lo delictivo, imputarle cargos irreales, algo injusto y contrario a Derecho, tuvo una aplicación material efectiva para que el juzgado de control convalidara el hecho de ser sacado a la fuerza de su casa considerándolo detención o aprehensión, haciendo patético el modus operandi que opera en casos de judicialización por motivaciones políticas.

Era la segunda arremetida violenta que sufría en el 2020, la primera, el 7 de enero, cuando, tras ser asediado, al tratar de entrar a la Asamblea Nacional junto a otros diputados, colectivos chavistas le propinaron una paliza, con un objeto contundente, de esos con los que ellos promueven paz y tolerancia, le destrozaron la rodilla, yendo a parar al suelo por el impacto del golpe, aturdido e inmovilizado por el dolor y la furia de sus agresores, tuvo que ser operado, obligado a usar muletas y tomar terapias de rehabilitación.

Sesenta y ocho días después, aún convaleciente, fueron por el Diputado Antonio “Tony” Geara, con razón aseguran que ese hecho no solo es un intento de amedrentamiento sino “una maldad de parte del régimen”, porque cuando se lo llevan, ¡sin orden judicial!, algo que no puede ser llamado aprehensión, también “presentaba fiebre muy alta, dificultad para respirar, flema y cansancio”.

Para Luigi Pulcini, la “detención arbitraria” de su tío es “una nueva olla del régimen” para perjudicarlo luego de ser objeto de persecusión, porque “no es un político de cámaras, ni tarimas, sino que es un trabajador social dedicado a ayudar a los habitantes del estado Bolívar”, de hecho, ese día tenía previsto hacerle llegar comida a una vecina de su comunidad que se encuentra en situaciones precarias.

“Le intentaron sembrar armas y dinero a una persona que camina con muletas, es absurdo que pueda tener un fusil encima. Este es un caso totalmente político, porque mi tío no se vendió a la Operación Alacrán y se ha mantenido firme apoyando a Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional” -acotó Pulcini.

En igual sentido, la directiva de la Asamblea Nacional alertó sobre una posible siembra de evidencias para incriminar al diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar y coordinador de Voluntad Popular en esa entidad, que desde el 15 de marzo engrosa la lista de diputados y dirigentes de la tolda naranja encarcelados, siendo significativa la pretensión de atribuirles la tenencia o procura de armamento de guerra.

“…estar detrás de un plan para asaltar varias instalaciones militares en diversas partes del país con el objetivo de robar material bélico”, es uno de los señalamientos vertidos desde el alto gobierno sobre los compañeros del Diputado Geara hechos prisioneros de conciencia, desvelando una práctica incriminatoria que lo habría alcanzado por denunciar las condiciones de riesgo en que tienen a los presos políticos.

La defensa técnica, familiares, amigos y partidarios, además de centrarse en lograr su libertad personal, exigen que predomine el derecho a la salud en este caso, el delicado cuadro de salud del parlamentario lo amerita, tanto así, que al culminar la audiencia de presentación el tribunal ordenó llevarlo a un centro asistencial, después lo han evaluado especialistas médicos a los fines de estabilizarlo.

Andarcia Febres, abogado defensor, aseguró que la incriminación de su representado no es más que “terrorismo político”, mientras un amigo, bajo anonimato, dijo: “lo terrible para Tony es enfrentarse a tanta perversidad, a tanta pobreza de espíritu que va contra la ley humana”, también llamada derecho natural, que según Santo Tomás de Aquino es “la ordenación de la razón para el bien común”, que bajo ninguna circunstancia puede entrar en contradicción con el concepto de justicia, ya que, si lo hiciera, se consideraría una “ley perversa” o una “perversión de la ley” -discurrió el santo teólogo.

Fuente: José Luis Centeno S. (@jolcesal)