Pistoleros en moto asesinaron, la tarde del martes 1 de septiembre, al empresario zuliano Leonardo Santilli en Lechería, estado Anzoátegui.
El fotoperiodista Eleazar Urbáez dijo, a través de sus redes sociales, que el ataque a tiros se perpetró en el estacionamiento de Farmatodo, en el sector Venecia, hasta donde llegaron para sorprender a Santilli los gatilleros.
Estos se desplazaban en una moto Kawasaki KLR-650 color negro y Santilli, al parecer, en una camioneta Toyota 4Runner .

Santilli era investigado por la justicia de EE UU tras ser acusado de malversar millones de dólares.

El 23 de marzo de este año, la agencia Reuters informó: «Fiscales estadounidenses acusaron a un contratista venezolano por lavado de dinero al sobornar a funcionarios de Pdvsa para obtener contratos con sobreprecio y ocultar las ganancias en Estados Unidos.

(…) En una denuncia presentada, los fiscales federales del Distrito Sur de Florida alegaron que Leonardo Santilli recibió casi 150 millones de dólares de empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del Orinoco entre 2014 y 2017 en contratos para suministrar equipos».

Este 1 de septiembre, desde poco antes de las 6:00 pm, circula un video en redes sociales, en el que se ve una camioneta y en la que prestan auxilio a Santilli, quien falleció.

Tocará a los funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc, mediante las investigaciones, establecer quiénes están detrás de este crimen.

El empresario, de 49 años de edad y quien residía en la urbanización Las Villas, fue trasladado a la clínica Meditotal de Lechería, a donde habría ingresado sin signos vitales.

Los fiscales federales del distrito Sur de Florida, Estados Unidos, acusaron a Leonardo Santilli, contratista de PDVSA, por presunto lavado de dinero en la estatal venezolana, según reseñó la agencia Reuters en marzo de 2020.

La acusación incluye demandas por soborno a funcionarios de las empresas mixtas de la Faja petrolífera del Orinoco, además de ocultación de fondos ante EE.UU.

Los fiscales dijeron que Santilli recibió casi 150 millones de dólares de empresas conjuntas de PDVSA con compañías extranjeras que operan en la Faja del Orinoco”, señaló la agencia de noticias.

Se precisó que los sobornos ocurrieron entre 2013 y 2017, por contratos para el suministro de equipos.

Presuntamente las empresas mixtas pagaban a Santilli cantidades cuatro o cinco veces mayores que el valor de los productos suministrados.

Santilli fue acusado de tres cargos: 1) Conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

En la acusación, aparece una declaración del agente de investigación del Homeland Security Investigation (HSI) Shauna L. Willard, encargado de hacer la investigación de lavado de activos contra el demandado, quien es acusado de haber violado el Código de los Estados Unidos, en su Título 18.

Leonardo Santilli era el dueño de las empresas venezolana Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp., (registrada en el Sur de Miami) y A&M Support Inc. (registrada en en Weston, Florida).

La trama de corrupción

A finales de 2017, el gobierno federal abrió una investigación sobre corrupción en PDVSA y sus empresas filiales por lavado de dinero, corrupción en bancos y compras de inmuebles en el Miami, Florida. Durante en curso de las investigaciones, las autoridades identificaron $1.000 millones en pagos de PDVSA y sus filiales a unas cuentas de banco de contratistas venezolanos en el Sur de la Florida.

La investigación reveló una enorme escala de corrupción que envolvía contratos con sobreprecio. Todos los casos seguían el siguiente esquema: Los funcionarios de PDVSA aprobaban contratos con sobreprecios (4 ó 5 veces más que el precio de mercado), el contratista pagaban sobornos a los oficiales de PDVSA, a los del gobierno de Venezuela o a los militares, que ayudaban a obtener los contratos.A su vez, los contratistas pagaban los sobornos por medio de testaferros o empresas de maletín para esconder la naturaleza de la transacción y el delito como tal.

Los investigadores lograron obtener los récords de las cuentas bancarias de las empresas de Leonardo Santilli, correos electrónicos, contratos de las compañías con PDVSA y sus subsidiarias y hojas de contabilidad donde se llevaba control del pago de los sobornos.

La acusación señala que el acusado recibió contratos corruptos de Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa, Petromonagas por un total de$146.600.000.
Los registros bancarios mostraban que las compañías de Santilli compraban bienes (repuestos, partes y equipos) a las empresas establecidas en Estados Unidos para las empresas subsidiarias de PDVSA, usando una tercera parte en de lo que recibía. El dinero restante lo transfería a su familia, a su cuenta personal y a otras cuentas corporativas, compañías de maletín y a varios individuos venezolanos que no tenían conexión con el acusado o sus empresas.

Santilli usó cuentas en el Banco Mercantil. Uno de los ejemplos que aparece en la acusación fue hecho el 16 de septiembre de 2016. Una de las empresas de Santilli obtuvo una orden de compra de Petropiar por $9.300.000 para comprar 10 hawkjaws por apróximadamente $2.500.000. De acuerdo a la orden de Petropiar, las empresas de Santilli cobraron a la petrolera cuatro veces más el precio. La empresa manufacturera de los hawkjaws indicó que había hecho los envíos directo a PDVSA.

Otra transacción descrita corresponde a Petrocedeño en diciembre de 2015, para comprar nueve válvulas floating por apróximadamente $5.500.000. El costo de las mismas en el mercado eran de $1.100.000. y el acusado le cobró a la petrolera cinco veces más el precio de las mismas.

Otra transacción ocurrió en octubre de 2015, el acusado compró para Sinovensa 55 bidones de aceite por apróximadamente $9.200.000. El costo de los bidones era de $2.000.000.

En febrero de 2015, el acusado recibió un correo electrónico de uno de los asociados de su empresa, con una hoja de contabilidad donde aparecen los pagos de los sobornos, los nombres de los beneficiarios, las fechas y los montos.

En la hoja aparece registrado que en el 22 de diciembre de 2014 el acusado pagó a Finadco Overseas Corporation unos $101.270 y el beneficiario era un ex-funcionario de Petrocedeño. La transacción se hizo a una cuenta de banco en Curazao desde una cuenta de un banco de Miami.