El sur de Venezuela es un territorio sin ley. O más bien, está regido por una especie de ley del talión que ejercen los llamados sindicatos del oro, grupos delictivos que se han apoderado del control de las minas de oro en varios poblados de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Human Rights Watch reveló este martes en un informe los niveles de violencia que arropan la fiebre aurífera, por la que se han movilizado venezolanos de todo el país en busca de la subsistencia en las minas y de la que también se vale el gobierno de Nicolás Maduro para atravesar la sequía de ingresos tras la caída de la producción petrolera y las sanciones internacionales.

Por: Florantonia Singer | El País

El informe contiene testimonios de algunas de las 21 personas que entrevistó la organización a finales del año pasado y que habían trabajado en minas próximas a Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo en los últimos dos años; así como también de otras 15 entrevistas a líderes indígenas, activistas y periodistas que han hecho cobertura en terreno.

Entre los relatos se incluye el de una mujer que vio cuando a otra que fue acusada de robar un pantalón le cortaron las manos con un machete. Otro hombre que trabajó como minero relató que un día, mientras almorzaban, le cortaron la mano a un compañero que supuestamente se había robado un teléfono. Al supuesto ladrón se lo llevaron y no se supo más de él. Un mes después el mismo testigo de este hecho vio cómo a una mujer que supuestamente había tomado 10 gramos de oro de otro trabajador la ataron a un árbol y le cortaron la cabeza con una motosierra frente a todos. “Tengo todo grabado en mi mente. Me fui de la mina atemorizado”, dijo a HRW. “Otro hombre contó que un miembro de un sindicato hizo que un niño de 17 años, acusado de robar oro, pusiera ambas manos juntas, como si estuviera rezando, y le efectuaron siete disparos directos a las manos”.

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