Human Rights Watch (HRW) le pidió a la Unión Europea (UE) que imponga sanciones individuales contra Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y seis mandos de la Policía Orteguista (PO), responsables de graves violaciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.

La ex directora de la PO, Aminta Granera; el subdirector general Ramón Avellán y los comisionados generales Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina son los funcionarios propuestos por HRW para ser sancionados por la UE, según consigna el periódico La Prensa.

Las sanciones incluirían prohibirles el ingreso a países europeos y el congelamiento de activos.

«El presidente Daniel Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su gobierno trabajó tan arduamente para desmantelar», sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

«La presión internacional intensa y persistente, incluso a través de sanciones dirigidas contra altos funcionarios implicados en graves violaciones de derechos humanos, es clave para poner fin a los abusos generalizados«, acotó.

El diario citado recordó que Estados Unidos y Canadá ya impusieron sanciones individuales contra 11 funcionarios del régimen de Ortega, entre ellos la vicepresidente y esposa del mandatario, Rosario Murillo, y su hijo Laureano Ortega Murillo. Sin embargo, este paquete de sanciones no incluyeron directamente a Ortega.

En la carta dirigida a Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Human Rights Watch manifestó que numerosos manifestantes detenidos durante las protestas «fueron sometidos a graves abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, incluidas descargas eléctricas, violentas golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual«.

Además de la sanciones individuales contra altos mandos policiales, HRW pidió a la Unión Europea «condicionar todo apoyo presupuestario, particularmente el restablecimiento del financiamiento a la policía«.

Las «Madres de Abril» presentaron recursos contra la Ley de Amnistía

La «Asociación Madres de Abril» (AMA), compuesta por familiares de víctimas mortales de la crisis sociopolítica de Nicaragua, presentaron este martes decenas de recursos por inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía, que según afirman, busca ocultar los crímenes contra cientos de opositores.

Al menos 30 recursos por inconstitucionalidad fueron introducidos en la Corte Suprema de Justicia por los miembros de AMA, quienes apelaron a su derecho de pedir castigo para los ejecutores de sus familiares.

«El recurso se introdujo para buscar respuesta, como familiares no estamos dispuestos a aceptar esa Ley de Amnistía, vulnera nuestros derechos como víctimas, nuestro derecho a la verdad», dijo la integrante de AMA Francis Valdivia.

La Policía de Nicaragua, señalada por la oposición como «brazo represor» de Ortega, intentó evitar que las «Madres de Abril» entregaran sus reclamos en la Corte, sin embargo el Poder Judicial solicitó a los agentes que permitieran el ingreso de las mujeres, en medio de un clima de tensión.

Precisamente la Policía Nacional, junto con grupos paramilitares, son señalados como los principales responsables de «ejecuciones extrajudiciales» contra opositores, según diversos organismos humanitarios locales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Ellos están buscando impunidad, no lo podemos permitir, queremos que se haga justicia«, afirmó la miembro de AMA Lizeth Dávila, madre del niño Álvaro Conrado, cuya muerte alcanzó notoriedad porque fue rechazado de al menos dos hospitales tras recibir un disparo en la garganta, ejecutado por un francotirador de la Policía, según testigos.

Los recursos de la AMA contra la Ley de Amnistía recibieron el apoyo de diversos movimientos opositores, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, y la Unidad Médica Nicaragüense.