Alejandro Betancourt quiere desvincularse del régimen chavista. El empresario venezolano es conocido por ser fundador y presidente de Derwick Associates, empresa que ha edificado once plantas termoeléctricas de ciclo simple que tenían por objetivo dotar al sistema eléctrico de Venezuela con 1.386 MW. Unos contratos que se firmaron durante el régimen de Hugo Chávez, presidente al que el propio Betancourt reconoció que “ni siquiera tuve el placer de conocerle”, según afirmó en una entrevista a El Mundo publicada el 7 de diciembre de 2016. (Rectificación de Alejandro Betancourt sobre la suspensión del evento de ESIC)

El abogado del empresario venezolano Javier Gómez Bermúdez ha asegurado, en una carta de rectificación enviada a Periodista Digital, que “los únicos vínculos que ha tenido con la Administración de Venezuela han sido como empresario”.

Una afirmación que no parece ser del todo precisa. Al menos, así lo desmiente la investigación periodística realizada tanto por el periodista César Batiz para el diario Últimas Noticias, así como posteriormente por Joseph Politzuk en el periódico El Universal.

Batíz desveló que los comienzos de Andrade fueron de la mano del exministro Rodolfo Sanz, como lo publicara en un artículo El Pitazo:

Los contratos de Corpoelec y CVG fueron otorgados respectivamente por Javier Alvarado, padre de un amigo de los muchachos de Derwick (Javier Andrés Alvarado Pardi), y Rodolfo Sanz, aliado comercial de Betancourt López.

Algo que ya había comprobado el periodista desde el 2011, cuando publicó que Manuel Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales Universitarios de Venalum (durante 2010), había solicitado a la Fiscalía Superior del Estado Bolívar una investigación contra el exministro Rodolfo Sanz, “quien desde el número 212-9777399 envió un facsímil a las compañías compradoras del metal producido por la CVG, solicitando depositar en una cuenta de Gazprom Bank del Líbano, el dinero de la transacción de 500 millones de dólares en total”.

Según la investigación periodística de Batiz, Díaz apunta en la denuncia que el teléfono del que se envió el facsímil el 4 de septiembre de 2009, pertenecía “a un privado llamado Alejandro Betancourt”. Sin embargo, la relación no termina ahí, sino que el periodista de El Universal, Joseph Politzuk, siguió la pista al número como parte de una un reportaje que publicó en junio de 2010 sobre el caso Gazprom Bank.

Al investigar logró dar con la dirección que no fue otra que la misma que aparece registrada como la sede de Derwick al momento del primer registro mercantil. “Me dijeron que allí era la oficina de Alejandro Betancourt, que era asesor del ministro Sanz“, destaca Politzuk. En otras palabras, el empresario venezolano detrás de la firma de gafas de sol Hawkers sí tendría una relación directa con el régimen de Hugo Chávez.


Amenazas y sobornos a periodistas

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunció durante 2013 la presión ejercida en contra del periodista César Batiz. Todo comenzó con la publicación, el 18 de diciembre de 2012, de un comunicado de Derwick Associates en El Nacional (periódico venezolano), el cual contenía “mensajes intimidatorios y descalificativos sobre los trabajos de investigación periodística que ha publicado César Batiz“, afirma IPYS. Sin embargo, ante el deseo de continuar con la investigación, la situación fue empeorando.

“Durante todo este tiempo el periodista ha recibido amenazas, presiones e intentos de soborno. Según contó a Ipys Venezuela, el 6 de agosto de 2011, mediante una llamada telefónica de un tercero, una persona ofreció dinero para que el reportero no continuara investigando sobre el tema”, afirma la publicación del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

Batiz, también, contó que, después del 18 de septiembre de 2011, “recibió una propuesta de soborno, en la que le ofrecieron un cargo directivo en un medio digital privado con sede en Caracas y con proyección latinoamericana, a fin de que abandonara sus investigaciones sobre las irregularidades en las contrataciones del sector eléctrico nacional”. Según afirma el periodista, exigían que “no podía volver a mencionar a Bariven”.En concreto, el periodista afirma que “le ofrecieron un pago por adelantado de 200 mil bolívares (un poco más de 46 mil dólares), más un salario mensual de 50 mil bolívares (alrededor de 11 mil 600 dólares), por 12 meses de trabajo garantizado”.

Meses después, “el 19 de diciembre de 2012 recibió una citación, vía telefónica, de parte de un supuesto comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), adscrito también a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), empresa adscrita al Ministerio de Energía Eléctrica. De manera, intimidante -según la descripción de Batiz- también, le dijo que la Ley de Seguridad y Defensa de la Nación lo facultaba para notificarlo vía telefónica, y que necesitaban que se presentara en la sede del SEBIN, ubicada en el sector de Plaza Venezuela, en Caracas- o en la sede principal de Corpoelec, ubicada también en la capital”, denuncia IPYS.

Batiz, también, contó que, después del 18 de septiembre de 2011, “recibió una propuesta de soborno, en la que le ofrecieron un cargo directivo en un medio digital privado con sede en Caracas y con proyección latinoamericana, a fin de que abandonara sus investigaciones sobre las irregularidades en las contrataciones del sector eléctrico nacional”. Según afirma el periodista, exigían que “no podía volver a mencionar a Bariven”.

Intentos de acallar a Periodista Digital

El pasado 7 de marzo la Escuela de Negocios y Centro Universitario (ESIC) suspendió un evento en el que iba a participar el presidente de HawkersAlejandro Betancourt, en un primer momento alegaron falta de aforo e interés, a lo que agregaron posteriormente que “no es el ejemplo que queremos transmitir a nuestros alumnos”, lo que pareció ser un claro reconocimiento del pasado de Alejandro Betancourt vinculado al régimen de Hugo Chávez.

Ese mismo día, el 11 de marzo de 2019, en la noticia titulada “Expulsan al empresario chavista Alejandro Betancourt del ESIC”, Periodista Digital publicó esta información, y a sólo horas de ello, el jefe de redacción del periódico, Luis Balcarce, recibió una llamada con la intención de que se despublicara, tildándo la noticia de falsa.

Este medio no accedió a la solicitud, que extrañamente no provino del equipo de abogados de Alejandro Betancourt, sino de un emisario de un periódico español.

Fuente: PD América