Aunque se trate de hechos aislados, la conjunción de varios casos de empadronamiento ficticio para el XV censo nacional y los intentos de invasión ha puesto a la población en alerta ante una posible nueva oleada de expropiaciones, esta vez al amparo del adelantado registro de población y la masiva desocupación de viviendas a raíz del éxodo de más de cuatro millones de venezolanos, según cálculos de la ONU.

Los casos no comienzan a dar qué hablar. El pasado 14 de octubre, funcionarios de la policía municipal de Los Salias, en el estado Miranda, detuvieron a una mujer que censaba apartamentos vacíos en la urbanización Bosque Alegre, en San Antonio de Los Altos, como parte de la ubicación y marcaje de inmuebles vacíos del plan ‘Ubica tu casa.

El arresto se realizó luego de que vecinos del sector, alertas ante la aplicación del dudoso procedimiento, notificaran lo ocurrido a los efectivos policiales. La mujer, que no fue identificada, fue señalada de “atentar contra la propiedad privada y fomentar las invasiones en el municipio”.

Cinco días antes, el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, negó la existencia de dicho plan y la vinculación del Ejecutivo con ello. “Queremos desmentir y rechazar categóricamente el supuesto plan ubica tu casa. No existe ningún proyecto que viole el marco jurídico establecido”, sostuvo Villarroel, en declaraciones a través del canal del Estado.

Sin embargo, pese a la desvinculación expresada por el ministro contra el movimiento que busca la expropiación de inmuebles desocupados para su adjudicación a otras familias, es un hecho que quedó evidenciado con lo ocurrido el pasado 20 de septiembre en el edificio Cuatricentenario, ubicado en la avenida Victoria de la parroquia San Pedro; justo la misma fecha fijada para el inicio de la primera fase del XV censo de población y vivienda en siete parroquias caraqueñas.

Transgresión del Artículo 115 de la Constitución Nacional

La primera semana de septiembre, la ocupante de uno de los 30 apartamentos que conforman el edificio Cuatricentenario, recibió la visita de dos personas que se identificaron como representantes del plan ubica tu casa.

La mujer fue sometida a una serie de preguntas que iban desde qué clase de utensilios hay dentro del inmueble, números telefónicos y correos, hasta la dirección del colegio de los hijos, horarios y la ubicación exacta y contacto del propietario de la vivienda, señaló Emilio Negrín, hermano de la dueña del apartamento. “El interrogatorio culmina con el anuncio de que el ocupante solo tiene una semana para desalojar el inmueble, pues por estar ausente el propietario se le adjudicará a otra familia”.

Una semana después de esa primera visita, el 20 de septiembre, la propiedad fue violentada por una comisión integrada por seis personas, que se identificaron como funcionarios de la Alcaldía de Libertador, un supuesto fiscal especial de nombre Luís Márquez, su secretaria y dos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes rompieron la cerradura, tumbaron la reja y sacaron a los ocupantes, entre ellos un adulto mayor y dos menores de edad, a quienes dejaron sentados en la acera frente al edificio.

“Se identificaron como fiscales de la Alcaldía de Libertador y me informaron que estaban haciendo un desalojo en nombre del plan ubica tu casa”, manifestó Negrín. Detalló que dichas acciones “están basadas un decreto írrito que data del año 1.999, cuando ocurrió la vaguada de Vargas. La medida otorgaba una especie de propiedad temporal mientras el Estado solventaba la situación habitacional de los afectados”.

Negrín sostiene que dicho decreto tuvo una actualización en marzo de este año, mediante el cual el ministerio de la Vivienda autorizaba la realización de un censo inmobiliario previo efectuado por  los órganos articulados del Estado, como las unidades de batalla de Chávez, (UBCH), comunas, colectivos y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), con la finalidad de ubicar las propiedades que están vacías; plan que aseguró se ha realizado en varios estados del país y que por temor los afectados no denunciaron.

La acción vecinal impidió el desalojo justo cuando frente al edificio estaban dos camiones con la mudanza de la familia que esperaba para habitar la propiedad que sería expropiada. Los vecinos se ampararon en el artículo 471-A del Código Penal que señala que el delito de invasión de terreno, inmueble o bienhechuría ajenos para provecho propio o de terceros, recibirá un pena de 5 a 10 años de prisión y la multa de 50 unidades tributarias.

“Ahorita no los voy a desalojar, pero la próxima vez que venga lo haré con los colectivos”, sentenció el supuesto fiscal que se presentó en el edificio Cuatricentenario, dejando claro que la información suministrada por los ocupantes del inmueble ha sido usada como herramienta de persecución y para amedrentar con el fin de obligarlos a desalojar.

Desconfianza añeja

Para el abogado Alfredo Padilla, director de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem), la situación de violencia contra la propiedad privada se inició hace ocho años, cuando fue aprobada la polémica Ley de Arrendamientos en octubre de 2011, que estimuló la apropiación indebida al permitir a los inquilinos su permanencia en la vivienda hasta que el Estado le adjudicara una residencia propia.

Otro golpe contra el derecho a la propiedad privada fue la expropiación de casas, estacionamientos, locales comerciales y terrenos que fueron destinados a la construcción de los urbanismos de la misión vivienda.

Según Padilla, ambos episodios han provocados la desconfianza de los ciudadanos en el llamado censo inmobiliario, primera fase del censo poblacional que, de paso, es realizado por personas que carecen de la capacitación para este fin, y que es visto por mucho como un nuevo zarpazo contra la propiedad privada al resguardo de una dudosa legalidad.

Concejales invasores

Si las acciones de colectivos, grupos organizados e invasores de oficio preocupan a los propietarios de viviendas de todo el país, la presencia de funcionarios públicos en varios casos de intentos de expropiación son un nuevo ingrediente que se añade a esta amarga mezcla.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, denunció la invasión del hotel Center Palace situado en la parroquia La Candelaria, en pleno centro de Caracas, inmueble que presuntamente está ocupado por colectivos y concejales del Partido Unido Socialista de Venezuela (Psuv), miembros del Concejo Municipal del municipio Libertador. “Quiero señalar a Nathanael Bello y a Carmen Zerpa, concejales por el Psuv, de la invasión de este hotel”, sostuvo Rojas, al tiempo que aseguró tener fotos de Bello dentro del recinto.

Rojas afirma que tras el anuncio realizado por el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, acerca del censo nacional y en el que resaltó la participación de los llamados “miembros del poder popular”, surgieron amenazas por parte de estos grupos de tomar todos los apartamentos que estén desocupados.

“Usted es una cuidadora y si alguien se va del país, pierde su derecho a la propiedad. Ese es el eslogan que están ejecutando los colectivos armados en Caracas a la hora de invadir», aseguró Rojas, quien detalló que “solo en Caracas existen al menos quince zonas en las que ha habido amenazas de invasión”. Entre ellas menciona Catia, Antímano, Macarao, La Candelaria, San Agustín, San Pedro, San Bernardino, El Recreo y Caricuao.

“Las recomendaciones a los ciudadanos que puedan estar pasando por esta situación, es la denuncia y la protesta, que es lo único que podernos hacer”, enfatizó el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, además de no abrir las puertas, ni aportar datos.  “Exigimos respeto a la propiedad privada”.

El equipo de TalCual intentó sin éxito comunicarse con representantes del llamado poder popular (consejos comunales, UBCH y otras instancias) para conocer su posición acerca de esta situación, pero no hubo respuestas. Residentes de diversas parroquias de Caracas que fueron consultados sobre la ejecución de la primera fase del censo en su zona, señalaron que hasta el momento no reciben la visita de los empadronadores.

Fuente: Zulvyn Díaz / TalCual.com