Por Beltrán Vallejo

Haciéndome intérprete del clamor de los venezolanos aquejados por la falta de medicamentos y por el colapso del servicio hospitalario, creo que todos los sufrimientos de este pueblo tienen responsables directos dentro del marco de castigos que merece el régimen usurpador. Al respecto, la crisis del sistema de salud tiene entre sus fuentes la corrupción criminal de la que hicieron gala distintas administraciones que estuvieron al frente de ministerios y organismos vinculados a ese drama y que ha costado miles de vidas. Sobre ellos debe caer todo el peso de la ley, porque para mi criterio están incursos en crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, hago énfasis en dos casos puntuales: Me refiero al caso del General Carlos Rotondaro, que asomó la cabeza pidiendo asilo en Colombia, y a la desaparecida exministra María Eugenia Sadel. Estos dos personajes, estén donde estén, debido al sufrimiento que produjeron, y siguen produciendo, sus actos dolosos y corruptos, merecen ser catalogados como criminales de lesa humanidad, como lo establece el Estatuto de Roma en su artículo 7, numeral 1, literal b, ya que le impusieron a todo un pueblo, de manera intencional, un tremendo deterioro en su calidad de vida, más todas las muertes que de eso derivaron, privándolo del acceso a medicamentos y destruyendo el sistema hospitalario.

Sobre el General Carlos Rotondaro, expresidente del IVSS, la Asamblea Nacional le levantó una acusación por el desfalco de al menos 100 millones de dólares que estaban destinados a la compra de insumos médicos, adquiridos a través de testaferros, por lo que ahí está su principal contribución a la crisis humanitaria que vive el país. Así mismo, estos testaferros de Rotondaro construyeron una clínica de alta calidad en la capital de República Dominicana a través de la red de empresas vinculadas a la Continental Medical C.A, relacionada con la administración del mencionado funcionario chavista.

Todo lo que estoy diciendo está sustentado en la investigación que abrió el parlamento nacional el año pasado, investigación que abarca la compra irregular de materiales para tratar la diálisis, medicinas de alto costo para combatir el cáncer, inmunosupresores y medicamentos para el VIH.

Y sobre la exministra María Eugenia Sadel, una superfuncionaria de la salud que desde el 2010 asumió paralelamente la Dirección de Hospitales, la Presidencia de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento hospitalarios, más otras dependencias, tiene ordenes de aprehensión desde el año 2014 por la comisión de los delitos de peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir, previstos en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Estas órdenes fueron ratificadas en el 2015 por las irregularidades en la contratación de las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V MCC London Limited, para la construcción de 6 hospitales de alta tecnología.

El daño patrimonial que causó la nefasta gestión de Sadel se estima que fue de unos USD $ 1.552.353.981,33. Todo ese dinero fue destinado para unos hospitales, pero no llegó a ellos, sino que se lo tragó la vorágine de corrupción roja-rojita

Como intérprete de un pueblo que sufre, estén donde estén estos personajes, exijo justicia desde cada hospital sin insumo, desde cada enfermo sin cama, desde cada madre sin medicamentos para su hijo con cáncer, desde cada hombre y mujer con insuficiencia renal y que no cuenta ni con trasplante ni con tratamientos. ¡Ya es suficiente de tantas pamplinas del madurismo cuando evade responsabilidades con cada niño que muere en los hospitales por causa de alguna bacteria!

Fuente: Vallejobelis3@gmail.com / TalCualdigital.com