Opinión

Malaver: El 350 escala la ofensiva opositora hacia la batalla final.

Por Manuel Malaver
 
Es bueno subrayar que, la decisión de la oposición democrática de aplicarle el “Artículo 350” de la Constitución a la dictadura de Maduro, habla fundamentalmente de la robustez, vigor, compromiso y continuidad de la lucha que tomó las calles a comienzos de abril pasado, y no de una suerte de estrategia desesperada de quienes, no pudiendo imponerse por los medios convencionales (confrontación política, cuarteles, diplomacia, diálogo o negociación) recurren ahora al extremo de desconocer “pura y simplemente” al adversario.
 
Opinión que estaría justificada si, por ejemplo, la oposición se encontrara  dividida, la calle diera síntomas de enfriamiento después de casi dos meses y medio de enfrentamientos con la represión, y la comunidad internacional -aparte de retrocesos como los del lunes en la OEA- no estuviera convencida de que la crisis venezolana pasa por el desalojo del madurismo y la recuperación de la democracia.
 
Por el contrario, la oposición democrática logró en los últimos 80 días consolidar un solo frente ante una satrapía que inventó el adefesio Constituyente para ponerle un cerrojo a la dictadura, las manifestaciones  de calle no dejan de incrementarse y escalar alturas heroicas y legendarias, y Maduro y su pandilla lucen, internacionalmente, como un grupo aislado que sobrevive por “defectos” del sistema de votación de los organismos multilaterales.
 
Pero regresando a la dinámica interna de la política nacional -que es el escenario fundamental donde las luchas por la democracia se libran y continuarán librándose-debemos anotar la ruptura entre la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y los poderes títeres que, como el TSJ, el CNE y la Defensoría, vienen prestándose a darle respiración boca a boca seudoconstitucional al dictador y su coincidencia con la oposición democrática y la AN en desarrollar una estrategia conjunta para que,los poderes “legítimos”, la AN, la Fiscalía y la calle pasen a salvar la Constitución, y destruyan a quienes quieren despedazarla para imponernos un sistema comunista a la cubana.
 
Pienso que, la declaración de ayer del presidente de la AN, Julio Borges, llamando al pueblo a la aplicación del “Artículo 350” de la Constitución, es la secuencia lógica de la nueva realidad política que emergió en el país después de la catastrófica derrota que sufrió la autocracia en las elecciones parlamentarias del 6D, y que, si había sufrido retrasos, fue porque la oposición aspiró siempre a que el gobierno entregara el poder por la vías pacíficas y electorales y no después de una insurrección popular que le ha significado grandes sacrificios al pueblo.
 
Pero no podían evitarse, pues la dictadura fue taxativa  durante casi año y medio en sostener que no entregaría el poder al pueblo, a menos que se le impusiera desde la calle y a través de una confrontación violenta o semiviolenta, pues mecanismos democráticos como elecciones, diálogo o negociación no estaban en su agenda.
 
O mejor dicho, si estaban, pero absolutamente controlados por la dictadura y con resultados que jamás amenazarían, ni cuestionarían al estado fascista, forajido y narcosocialista que reina desde Miraflores.
 
Tampoco se mostraron, Maduro y pandilla, propensos a aceptar la presión internacional y en la última Asamblea de Cancilleres de la OEA celebrada hace dos días en Cancún, revelaron que, no solo no aceptarían ninguna decisión que emanara de su persistente violación de la Carta Democrática, sino que ratificaban su renuncia a la membresía del organismo.
 
Desafío que iba también –y básica y fundamentalmente- para el pueblo venezolano y su oposición democrática, quienes, lo han recogido escalando la confrontación y llevándola a lo que es la cota más elevada que ha alcanzado hasta ahora: el llamado a la aplicación del “Artículo 350” de la Constitución.
 
¿Qué significa? Pues simple y llanamente que, constitucionalmente, el gobierno de Maduro no existe, que sus leyes y órdenes deben ser desobedecidas y sus autoridades desconocidas.
¿Hasta cuándo? Hasta que sean desarticuladas y sustituidas por nuevas autoridades nombradas de acuerdo a las normas de la Constitución.
 
Quiere decir que, en buena letra, son la AN, la Fiscalía y la calle, las “instituciones” que deben pasar a ejercer “provisoriamente” los poderes de la República, pero básicamente, el Poder Ejecutivo, que sería presidido –es lo que determina la actual Carta Magna-por el presidente de la Asamblea Nacional.
 
En otras palabras que, como consecuencia, de la aplicación del “350”, el país debería ser conducido por un “Gobierno de Salvación Nacional” que se mantendría hasta tanto persista la emergencia.
 
Bueno, eso es lo que indica una aplicación ortodoxa de la Constitución y la práctica histórica en países que experimentaron  situaciones iguales o parecidas a la venezolana, aunque debemos advertir que vivimos en el siglo XX y no hay comparación entre la Venezuela de ahora y la del pasado.
 
 Debe, por tanto,  ser la AN y los poderes legítimos que se le unan, los que decidan los pasos específicos y concretos que hay que articular. ahora que empezamos a ser ciudadanos de un país que cada día está más cerca de la libertad.
 
Ya Julio Borges se refirió a este importantísimo tema en su declaración de ayer, y esperamos que pronto se nos presente el mapa de un país que seguirá en el calle, pero no ya con un gobierno, sino dos.
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