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‘caso Odebrecht’ paraliza la construcción del mayor gasoducto de Perú

Trabajos en un tramo del Gasoducto Sur en Perú.  GASEODUCTO SUR PERUANO

El Gasoducto del Sur, con más de 1.000 kilómetros de tuberías, costó 7.000 millones de dólares al Gobierno peruano. La paralización ha dejado a 15.000 personas sin empleo

Por Raúl Tola

Perú canceló la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia del país, e impuso una multa millonaria por incumplimiento al consorcio a cargo, encabezado por la constructora brasileña Odebrecht. La firma, centro de un escándalo de corrupción continental, no contó con la financiación necesaria para terminar la obra, que ha quedado paralizada.

Tras la cancelación del contrato, el debate se centra en el futuro del proyecto. Una nueva licitación tomaría entre 12 y 15 meses, y varios especialistas han recomendado el rediseño de la obra. Según el gremio de Construcción Civil, esta paralización, sumada a otras obras de Odebrecht como la irrigación de Chavimochic, Majes y Alto Piura, ha dejado sin empleo a 15.000 personas.

La concesión de la obra, en junio de 2014, fue muy cuestionada. En esa ocasión compitió un único postor —un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás—. La sociedad fue descalificada entre denuncias de irregularidades y falta de transparencia contra la agencia gubernamental de privatizaciones.

El gasoducto además ya había sido licitado en una anterior ocasión, al mismo postor y en mejores condiciones para el Estado. En 2010, la empresa Kuntur Transportadora de Gas (KTG) —cuyo único accionista era Odebrecht— se hizo con el proyecto con una inversión de solo 1.330 millones de dólares y asumiendo el riesgo total de la obra. Este contrato fue anulado por el Gobierno del presidente Ollanta Humala, que convocó el nuevo concurso.

Segundo contrato

Además de ser unos 6.000 millones de dólares más costoso, las nuevas condiciones del acuerdo implicaron que el Estado asumiera el riesgo. Para ello, durante los 34 años de la concesión, se dispuso un cobro extra en el recibo de electricidad de todos los consumidores. Las críticas no se hicieron esperar. El expresidente Alan García escribió entonces en Twitter: “Anularon un contrato. Tres años después lo firman con el mismo operador en peores condiciones. Ahora pagan todos los peruanos”.

Pero la compleja situación legal que enfrenta Odebrecht, desde que el año pasado se pusieran al descubierto sus corruptelas a nivel continental, en las que según confesó a la justicia estadounidense, pagaba sobornos para adjudicarse obras públicas, terminó truncando la operación. Su participación en el Gasoducto del Sur generó la reacción unánime de la banca internacional, que se negó a prestar los 4.100 millones de dólares que vale la obra (la constructora peruana Graña y Montero se sumó al consorcio en septiembre de 2015, con una participación del 20%). Según estipulaba el contrato, el consorcio tenía hasta el 23 de enero para conseguir dicha financiación.

Pasaron meses llenos de incertidumbre, donde se barajaron varias alternativas para no paralizar el proyecto, en el ya se habían invertido 1.500 millones de dólares. Los bancos pidieron que Odebrecht vendiera su participación (55% del proyecto). El fondo canadiense Brookfield y la empresa China National Petroleum Corp (CNPC) se mostraron interesados. La estadounidense Sempra Gas también anunció su interés, pero desistió por las limitaciones impuestas por la ley anticorrupción de su país.

El plazo se venció hace una semana, sin que Odebrecht consiguiera dinero para llevar el proyecto adelante ni vendiera sus acciones. Como consecuencia, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ejecutó la multa más cuantiosa de la historia del Perú. La constructora debió pagar una penalización de 262 millones de dólares, que desembolsó en dos cheques de gerencia.

El consorcio afirmó, pese al escándalo, haber hecho “todos los esfuerzos posibles” para dar continuidad al proyecto, cuya construcción tenía un avance del 10,7% en el montaje de las tuberías. En el país ya se encontraba el 62% de los ductos que integrarán la instalación.

Detenido un exviceministro por la trama

El exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba fue detenido ayer en Lima tras llegar en un vuelo procedente de Miami. Es acusado de haber cobrado dos de los ocho millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos para hacerse con la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, construidos durante el segundo Gobierno de Alan García. El Ministerio Público emprendió un operativo para capturarlo hace dos semanas, pero Cuba se encontraba fuera del país desde el 24 de diciembre, por lo que se emitió una alerta de Interpol.

Su abogado afirmó que volvía al Perú voluntariamente por considerar que en el país “existen las garantías de un debido proceso”. Cuba fue trasladado del aeropuerto Jorge Chávez a Requisitorias, y luego a la carceleta del poder Judicial. Distintas fuentes apuntan que en los días venideros se redoblarán las capturas en Perú, apuntando a personajes de mayor relevancia.

ElPaís

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