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El asunto catalán: Tribunal Constitucional suspendió la declaración unilateral de independencia

Unos habitantes que apoyan a una Cataluña independiente se reunieron afuera de la sede del gobierno regional en Barcelona, España, el lunes. CreditManu Fernandez/Associated Press

La resolución da un plazo de sólo 24 horas a la Fiscalía y la Generalitat para que formulen alegaciones

El Gobierno pidió una nueva denuncia penal contra Forcadell y la Mesa del Parlament por la declaración de independencia

La decisión del Parlament supuso “una situación de perturbación extremadamente grave del orden constitucional”, afirma la demanda del Ejecutivo

Por José María BrunetMadrid

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada por el Parlament de Catalunya. Esta decisión deriva de la admisión a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno para impugnar dicha resolución de la cámara catalana. Junto a ella también se suspende el segundo texto aprobado en el mismo pleno del Parlament con el fin de ordenar el subsiguiente periodo constituyente.

La providencia dictada por el TC traslada a la Fiscalía y a la Diputación Permanente del Parlament la impugnación hecha por el Gobierno, y les da un plazo inusitadamente breve para formular alegaciones. Dicho plazo es de sólo 24 horas, cuando lo habitual en las respuestas a los recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, es de 15 días. El plazo dado es también llamativo por el hecho de que la jornada de mañana, día 1 de noviembre, en que vencería, es festiva.

La suspensión de la declaración de independencia fue solicitada por el Gobierno para tener la absoluta garantía de un pronunciamiento que eliminara cualquier posible consecuencia jurídica de la votación del Parlament. En realidad, según el propio TC no era indispensable una nueva resolución, porque cuando ordenó suspender el pleno de la cámara catalana del pasado 10 de octubre, en el que se suponía que se aprobaría dicha declaración de independencia, dejó establecido que cualquier decisión parlamentaria en ese sentido carecería de efectividad, por resultar de un acto contrario a la Constitución.

El Gobierno, en todo caso, presentó un incidente de ejecución de sentencia para que el TC suspendiera las dos declaraciones aprobadas por el Parlament el pasado 27 de octubre. Estos textos consisten en la citada declaración unilateral de independencia (DUI) –bajo el título “Declaración de los representantes de Catalunya”-, y otra bajo el rótulo “Proceso constituyente”, con previsiones y mandatos para dicho periodo.

En su escrito de impugnación, el Gobierno razona que “la ejecución de estas previsiones tanto por la Generalitat como por el Parlament de Catalunya constituyen en sí mismo un incumplimiento evidente de previas resoluciones firmes del Tribunal Constitucional”. Este incumplimiento –añade- “genera una situación de perturbación extremadamente grave del orden constitucional”, Y lo razona afirmando que por este camino “el Parlament de Catalunya pretende formalizar una vez más, en contravención frontal con lo decidido por el TC, el atentado más grave contra el orden constitucional, al adoptar una declaración de independencia y el inicio del proceso constituyente”.

El Ejecutivo planteaba al TC que es perfectamente consciente de que está suspendida la ley de Transitoriedad Jurídica -aprobada junto a la del Referéndum, a su vez anulada-, pero añadía que aquella medida “debe ir acompañada de todas aquellas que sean necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlament de Catalunya al adoptar la declaración de independencia”. En particular, pedía la remisión de un nuevo testimonio de particulares –una denuncia- a la Fiscalía sobre el comportamiento del la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la cámara catalana que tramitaron dichas declaraciones. En la providencia que ha dictado hoy, el TC vuelve advertir a los mismos cargos públicos mencionados de su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” y se les apercibe nuevamente de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

El incidente de ejecución de sentencia promovido por el Gobierno sostenía que esta conducta supone “un incumplimiento, con pleno conocimiento, de las advertencias” realizadas por el Constitucional sobre el “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. Estas advertencias fueron realizadas en las resoluciones por las que el TC admitió en su día a trámite los recursos del Gobierno contra la ley del Referéndum y contra la de Transitoriedad Jurídica. La impugnación subrayaba, al respecto, que los propios servicios jurídicos del Parlament avisaron a los miembros de la Mesa de los obstáculos legales existentes para la tramitación de ambos textos.

LaVanguardia

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